GESTIÓN PESQUERA SOSTENIBLE:
Autoridad Portuaria de
Gijón. Departamento de Medio Ambiente. Claudio Alvargonzález, 32; 33201 Gijón
(Asturias), España jdomenech@puertogijon.es
Como consecuencia del declive del sector pesquero y de la necesidad de
profundizar en las posibles medidas de recuperación, se ha desarrollado un
modelo de gestión pesquera sostenible como parte de un más amplio sistema de
gestión integrada del litoral.
El modelo “de las 3 pes” supone la aplicación de tres principios
clave: 1) Principio de protección:
desarrollo y potenciación de los espacios marinos protegidos y aplicación en
los mismos de un sistema de gestión integrada del litoral de segunda
generación; 2) Principio de
producción: aplicación gradual, en dichos espacios, de los métodos de
producción o marcultura, y desarrollo de los polígonos de acuicultura;
3) Principio de propiedad:
aplicación, en estos espacios, del sistema de asignación de recursos por
concesiones.
Se propone la aplicación del modelo en cualquiera de los espacios
marinos protegidos de España.
Palabras clave: pesca responsable, gestión integrada de zonas
costeras, GIZC, SIGLIS-V, polígonos de acuicultura
Sustainable fishing management: 3-P
model
As a result of the declivity of the fishing sector and the necessity to
deepen in the possible measures of recovery, has been developed a model of
sustainable fishing management like part of a wider system of management
integrated of the coast.
The “3 Ps” model supposes the application of three key principles: 1) Principle
of protection: development and empower of the marine spaces protected and
application in such of a system of management integrated of the coast of second
generation; 2) Principle of production: gradual application, in
these spaces, of the methods of production, and development of the aquiculture
polygons; 3) Principle of property: application, in these spaces, of
the system of allocation of resources by concessions.
The application of the model, in anyone of the marine spaces protected
of Spain, is proposed.
key words :
responsible fishing , integrated coastal zone management, ICZM, SIGLIS-V,
aquaculture polygons
1. INTRODUCCIÓN
Como bien sabemos, el desarrollo sostenible es aquel tipo de
desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales
sin poner en peligro las posibilidades de las generaciones futuras. Pues bien,
al igual que en el medio terrestre todos los problemas resultan nimios
comparados con la deforestación y el creciente aumento de las emisiones de CO2
(imposibles de absorber sin la suficiente biomasa), en el ecosistema acuático
todo impacto resulta insignificante comparado con las consecuencias de la
sobrepesca y las malas prácticas pesqueras.
El problema no solo proviene del desequilibrio ecológico que se
produce, sino, sobre todo, por el desequilibrio social al que nos vemos
abocados. Si el informe anual del Worldwatch Institute, La Situación del
Mundo 2004, nos dice que harían falta tres planetas para saciar el
consumismo global, el informe Los recursos mundiales 2004 nos recuerda
que mientras que 1000 millones de personas dependen del pescado para obtener
proteínas, el 75 % de los bancos de pesca están sobreexplotados o en el límite
biológico. Es más, si la explotación de los recursos marinos vivos fuese
racional y sostenible, el interés de la industria por su conservación y el
pertinente sentido de propiedad, conllevaría la mejora de todos los demás
impactos que afectan al medio marino (contaminación, erosión, organismos
invasores, etc.).
Podríamos hablar del grave problema de los descartes, de la pérdida de
biodiversidad por pesca de fauna acompañante o por alteración de fondos
marinos, de los efectos devastadores de las flotas industriales desreguladas,
de los datos de sobrepesca, etc., una y otra vez citados en decenas de informes
(Anónimo, 1998; Lobón-Cerviá et al., 1996; McGoodwin, 1990; Safina,
1996). Pero, no tiene ya sentido seguir repitiendo una y otra vez las
consabidas cifras que alertan del deterioro del sector pesquero, sino que lo
único que urge es poner las medidas necesarias para desarrollar métodos que
permitan recuperar la situación y el tiempo perdido. La reciente Cumbre de
Johanesburgo de 2002, por ejemplo, recomendó
el restablecimiento de las reservas pesqueras para el año 2015. Nada
diferente de lo que recomienda la ONU, la Unión Europea o cualquier Organismo
internacional o Administración pesquera.
Pero, estrictamente hablando, ni los métodos pesqueros más artesanales
son realmente sostenibles, pues la sostenibilidad sólo se logrará cuando la
extracción de biomasa pueda ser compensada con la producción de biomasa. Esto
es lo que se hace en tierra firme desde hace milenios y, a pesar de ello,
incluso en la agricultura estamos muy lejos de la auténtica sostenibilidad (ya
que para lograr un balance de carbono “cero”, hay que considerar, entre otros,
el CO2 emitido por la quema de combustibles en las diversas
operaciones) (Doménech, en preparación).
Al estar muchos de los
principales puertos pesqueros ubicados dentro de, o junto a, los grandes
puertos comerciales, las Autoridades Portuarias somos testigos privilegiados de
cómo aquellos se van quedando atrás frente al resto de sectores que conviven en
un mismo espacio marítimo: el turismo náutico, la industria, el comercio, el
transporte, etc. Desde esta plataforma se evidencia la necesidad que existe de
buscar sinergias capaces de reactivar tanto la economía litoral, en general,
como la pesca, en particular.
En consecuencia, la Autoridad Portuaria de Gijón (APG) ha realizado un
estudio, en colaboración con otros organismos científicos, con los siguientes
objetivos: 1) determinar el valor ambiental y el valor socioeconómico de un
enclave privilegiado de la costa cantábrica (el entorno marino y costero del
Cabo Peñas), con vistas a su conservación y a compatibilizar el desarrollo
económico con el desarrollo ambiental; 2) contribuir a buscar sinergias entre
los sectores con intereses en el litoral a través de la gestión integrada de zonas costeras (GIZC); 3)
añadir las actividades puramente marítimas (incluida la pesca) a los actuales
sistemas GIZC.
Mientras que el resumen general del sistema GIZC desarrollado se puede
consultar en Doménech et al. (2004), en este artículo se describe el
sistema de gestión pesquera elaborado e incluido dentro de aquel, el cual tuvo
como principales objetivos: a) establecer qué tendencia debe seguir una pesca realmente
responsable y sostenible; y b)establecer cómo, cuándo y de qué manera se podría
aplicar dicho tipo de gestión.
Este artículo parte fundamentalmente del proyecto CN-03-050 denominado
Estudio para la conservación de la biodiversidad del entorno
marino del Cabo Peñas (Anadón et al., 2004) elaborado por un equipo
de trabajo interdisciplinar
perteneciente a la Universidad de Oviedo (Departamento de Biología de
Organismos y Sistemas, Departamento de Geología y Departamento de Construcción
e Ingeniería de Fabricación), al Centro de Experimentación Pesquera del
Principado de Asturias, al Museo Marítimo de Luanco y a la Autoridad Portuaria
de Gijón.
La zona de estudio, un tramo costero donde se podría aplicar el modelo
resultante, fue la costa y entorno marino del Cabo Peñas, en el centro de
Asturias y del Mar Cantábrico, en España (figura 1), un enclave crucial en el
Golfo de Vizcaya por los efectos del cabo en la dinámica marina.
El estudio consistió en la recopilación de toda la información
científica existente sobre la zona y en la realización de un estudio de campo
para conocer su estado ecológico. El trabajo de campo consistió en la recogida de muestras directamente del medio
natural (seis estaciones) analizándose, entre otros, la biomasa en peso seco y
la diversidad por los métodos de Shannon, Pielou y Margalef. Se realizaron
técnicas multivariantes para revelar patrones de similitud entre las estaciones
de muestreo, utilizando el paquete estadístico PRIMER.
Del estudio socioeconómico se encargó fundamentalmente la APG,
utilizando documentación de Puertos, Costas y Marina Mercante, entre otros, y
la Dirección General de Pesca, utilizando sus propios datos pesqueros y el
resto de documentación técnica, científica y económica existente.
Finalmente, a partir de los datos recopilados en este estudio y otras
fuentes, así como de los contactos con otras autoridades marítimas y una amplia
variedad de estudios previos realizados por el autor (Doménech, 1996a, 1996b,
1996c) y la Autoridad Portuaria de Gijón (Arrollo et al., 2002; Armas et
al., 2002), se elaboró un sistema de gestión litoral integrado y sostenible
y, como parte de este, el sistema de gestión pesquera sostenible que se expone
en el presente trabajo.
Figura 1. Ubicación del área de estudio (Cabo Peñas, Asturias,
España).
3. RESULTADOS
En el estudio realizado se detectaron las siguientes necesidades:
1) La necesidad de integrar las actividades de gestión litoral “en
mar” con las habituales actividades ”de tierra”. El Plan de Ordenación del
Litoral Asturiano (POLA), por ejemplo, un modelo que está recibiendo muchos elogios por parte de
muchas regiones costeras europeas, contempla 7 áreas de integración como son
playas, campings, viales, senderos
costeros, urbanismo, áreas degradadas y redes eléctricas.
De tal integración surge lo que hemos denominado planificación litoral
“de segunda generación”, al incorporar la gestión de las autoridades
marítimas, portuarias y pesqueras, a los tradicionales sistemas “de primera
generación”.
2) La necesidad de integrar cinco macrosectores como son el desarrollo
sostenible (desarrollo económico más desarrollo ambiental), la investigación
marina, la pesca, el turismo y la ordenación del territorio. Se considera vital
que la gestión pesquera esté incluida dentro de la gestión integrada del
litoral.
3) La necesidad de crear
órganos de gestión supra-sectoriales formados, entre otros, por la
Administración, las asociaciones u ONGs, los representantes de los sectores
interesados y el sector privado. Se observa que tales órganos de gestión ya
existen en las actuales reservas marinas o espacios marinos protegidos, donde
la aplicación del modelo sería inestimablemente eficaz.
4) La necesidad de desarrollar, mejorar y ampliar los espacios marinos
protegidos, preferentemente según el artículo 101 del Real Decreto 1471/1989,
de 1 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas.
5) La necesidad de abordar una nueva política marítimo-litoral
integrada basada en la aplicación del modelo SIGLIS-V en todos los tramos
costeros o espacios protegidos donde sea posible, y en la gradual extensión al
resto del litoral.
A partir de tales necesidades se elaboró el sistema SIGLIS-V del que,
como ya se ha mencionado, se puede ver una descripción más detallada en
Doménech et al.(2004) (tabla I). Este modelo coincide casi en su
totalidad con la Política Marítima Integrada y Sostenible que está preparando
la Comisión Europea, y cuyo Libro Blanco aparecerá entre 2006 y 2007. Esta
política europea integrará pesca y acuicultura, transporte marítimo,
construcción naval, energía, zonas costeras, medio ambiente e investigación
(Arbex, 2005).
|
Tabla I.
Gestión integrada del litoral “de segunda generación” (SIGLIS-V) |
||
|
Grandes áreas a integrar |
Organismos más representativos |
Principales cometidos |
|
1. Desarrollo
costero sostenible (desarrollo económico + desarrollo ambiental) |
Puertos, Costas, Marina Mercante, Puertos Autonómicos,
Demarcaciones Hidrográficas |
Ø
Desarrollo de los espacios protegidos (Reglamento
de Costas, art. 101) Ø
Separación del Tráfico Marítimo Ø Short Sea Shipping sostenible Ø
Red de faros y centros de interpretación Ø
Programas de Educación Ambiental Ø
ISO 14001 en puertos y buques de base y regulares Ø
Directiva Marco del Agua Ø
ZAL y eco-ZAL Ø
Polígonos de acuicultura Ø
Red
SIGLIS-V de Espacios Protegidos |
|
2. Investigación
marina |
Universidad, IEO, CSIC, Autonomías |
Ø
Ingeniería costera, portuaria y naval Ø
Ecología y productividad Ø
Pesca sostenible Ø
Nuevos recursos |
|
3. Pesca
sostenible (subsistema
SIGPES-3P) |
Administración pesquera (Ministerio de Pesca, Consejerías
de Pesca) |
Ø
Protección (espacios protegidos) Ø
Producción pesquera Ø
Propiedad y autogestión (censos y
contingentación caladeros) |
|
4. Ecoturismo
acuático |
Autonomías Ayuntamientos Asociaciones |
Ø
Plan turístico integral “tierra-mar” Ø
Desarrollo del turismo subacuático |
|
5. Planes
de Ordenación Litoral (POL) |
Autonomías Administraciones locales |
Ø
Desarrollo POL Ø
Integración tierra-mar (integración de 2ª
generación) (POL II) Ø
ISO 14001 jerarquizado en sectores a integrar |
3.2. Modelo SIGPES-3P de gestión pesquera
sostenible
Por lo que concierne al aspecto puramente pesquero, y dentro del marco
de la gestión integrada citada, se detectaron tres necesidades básicas como son
la necesidad de introducir las técnicas de producción, como complemento a la
mera extracción; la necesidad de
profundizar en la propiedad como clave de la gestión pesquera y de la Política
Pesquera Común (PPC); y la necesidad de mantener la conservación de los
recursos. Ello da lugar a los tres principios (que ya rigen en la agricultura),
como son el principio de protección, el principio de producción y el principio
de propiedad, los cuales se resumen en la tabla II y se describen en los
apartados que siguen.
|
Tabla
II. Sistema de gestión
pesquera sostenible (modelo SIGPES-3P
o “de las tres pes”) |
||
|
Principios o claves de
actuación |
Principales colectivos
implicados |
Principales funciones |
|
Protección
|
Administración |
Ø Potenciar los espacios protegidos Ø Integrar la pesca en los GIZC “de segunda
generación” (SIGLIS-V) Ø Crear un órgano rector supra-sectorial Ø Complementar con la política pesquera común
(PPC) |
|
Producción |
Investigadores |
Ø Técnicas de marcultura Ø I+D “por caladeros” Ø Polígonos de acuicultura |
Propiedad
|
Pescadores |
Ø Asignación de espacios y recursos “por concesiones” Ø Autogestión Ø I+D+I privada |
3.2.1. Principio de protección
La aplicación del principio de
protección supondría: a) la potenciación de las reservas marinas o pesqueras,
zonas especiales de pesca o espacios marinos protegidos; b) la aplicación de un
sistema de gestión pesquera sostenible, preferentemente incluido dentro de un
más amplio sistema de gestión integrada de zonas costeras (GIZC); c) la
creación de normas de orden jerárquico superior a la legislación sectorial
ordinaria (convenios de colaboración, patronatos de gestión, juntas rectoras
interdisciplinares, etc.)
Aun cuando se considera que se
debe proteger un mínimo del 12% del litoral y de la superficie del mar
territorial para conservación de la biodiversidad (porcentaje considerado en el
informe Brundtland y en los indicadores de sostenibilidad), los 20 espacios
marinos protegidos de España suman alrededor de 622.000 hectáreas (poco más de
la mitad de la región asturiana), lo que supone aun una pequeña parte del
litoral y un porcentaje muy escaso del mar territorial español. El “capital
natural” de origen marítimo (Constanza, 1997) de algunas autonomías, sobre
todo las del norte, es aun menor que en el conjunto de España(tabla III; figura
2).
|
Tabla
III. Espacios marinos
protegidos de España (año 2003) |
||||
|
NOMBRE |
Comunidad
Autónoma |
Hectá-reas |
Año
creación |
GESTOR |
|
-
Ses Negres |
Cataluña |
80 |
1993 |
Autonomía, NERO |
|
-
Islas Medas |
Cataluña |
21,5 |
1990 |
|
|
-
Masía Blanca |
Cataluña |
321,5 |
1999 |
Autonomía |
|
-
Nord Menorca |
Baleares |
5.119 |
1999 |
Autonomía |
|
-
Badía de Palma |
Baleares |
2.394 |
1999 |
Autonomía |
|
-
Freus d’Eivissa i
Formentera |
Baleares |
13.617 |
1999 |
Autonomía |
|
-
Islas Columbretes |
Comunidad Valenciana |
4.400 |
1990 |
MAPA* |
|
-
Cabo de San Antonio |
Comunidad Valenciana |
10 |
1993 |
Autonomía |
|
-
Isla de Tabarca |
Comunidad Valenciana |
1.400 |
1986 |
Autonomía, MAPA |
|
-
Islas Hormigas (Cabo de Palos) |
Murcia |
154 |
1995 |
Autonomía, MAPA |
|
-
Nijar (Cabo de Gata) |
Andalucía |
4.613 |
1995 |
MAPA |
|
-
Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de
Gata-Nijar |
Andalucía |
12.200 |
1987 |
Autonomía |
|
-
Isla de Alborán |
Andalucía |
426.074 |
1997 |
MAPA |
|
-
La Restinga |
Canarias |
750 |
1996 |
Autonomía |
|
-
Isla de Palma |
Canarias |
3.719,1 |
2001 |
MAPA |
|
-
Parque Natural Marino de las ballenas |
Canarias |
69.500 |
2002 |
|
|
-
Isla Graciosa e islotes del norte de Lanzarote |
Canarias |
70.700 |
1995 |
Autonomía, MAPA |
|
-
Islas Atlánticas (Parque Nacional) |
Galicia |
7.138 |
2002 |
|
|
-
Isla de Mouro (Punta Sonabia) |
Cantabria |
100 |
1986 |
|
|
-
San Juan Gaztelutxe |
País Vasco |
158 |
1998 |
Autonomía |
|
Total |
|
622.469,1 |
|
|
Varias fuentes
* MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Aun cuando muchos pescadores todavía se muestran recelosos hacia las
reservas marinas o pesqueras, paisajes costeros protegidos o espacios Natura
2000, ya han sido sobradamente demostrados los efectos beneficiosos para la
pesca y el pescador: aunque ya se sabía de forma teórica, Callum Roberts,
experto en este campo, demostró recientemente que a los cinco años desde la
creación de una pequeña red de reservas marinas, en la zona del Caribe, las
capturas aumentaban entre un 45 y un 90 %; la biomasa de 5 especies comerciales
se triplicó en tres años dentro de la
reserva y se duplicó en zonas adyacentes (Roberts et al., 2001; Anónimo,
2002). Muchos otros estudios demuestran los efectos beneficiosos de tales
espacios protegidos (Ramos, 1994; González et al., 2001).
A este respecto, resulta especialmente significativo el desarrollo de
las reservas marinas en Canarias, donde los beneficios obtenidos hacen que los
pescadores de esta zona se encuentren entre los principales defensores de los
métodos sostenibles. Resulta obvio que un adecuado programa de formación o
sensibilización hacia tales técnicas debería contar con ellos. Y hablando de
Canarias conviene destacar también la
reciente Declaración del archipiélago como Área Marina Especialmente
Sensible (AMES) y la previsible evolución que seguirán los espacios marinos
protegidos (un AMES puede englobar muchas reservas marinas de menor
envergadura). En contra de países reticentes, de países con bandera de
conveniencia y de agrupaciones de propietarios de petroleros, la Organización
Marítima Internacional (que regula la Zona Económica Exclusiva, más allá de las
12 millas territoriales) aprobará diversas medidas y niveles de protección en
una gran superficie de agua, tales como zonas restringidas a la navegación,
rutas obligatorias o sistemas de notificación de entrada y salida del AMES.
Junto con la de Canarias se han declarado también las AMES del Báltico
y Galápagos, existiendo áreas similares (desde 1991) por todo el mundo, como en
Australia (la Gran Barrera de Arrecifes), Cuba (Sabana-Camagüey), Colombia
(Isla de Malpelo), Cayos de Florida, Mar de Wadden (Dinamarca, Holanda y
Alemania) y Perú (Reserva Nacional de Paracas). Espoleado por nuevos posibles
desastres ecológicos (como el del Prestige), se encuentra en fase de
negociación el AMES de Europa Occidental, el cual incluye las aguas gallegas y
cantábricas. Junto con otras medidas similares, como los Dispositivos de
Separación del Tráfico Marítimo, podemos por lo tanto intuir hacia donde
evolucionará la protección de las aguas marinas, lo que, sin duda,
intensificará el apoyo a la pesca artesanal y sostenible.
Se suele aducir que este tipo de medidas (reservas, restricciones,
reducción de esfuerzo pesquero, etc.) tienen una fuerte incidencia social. Nada
más erróneo. Esto es así, cuando la medida propuesta es puntual, inconexa y
drástica. Pero nunca si las medidas se incluyen en una planificación
estratégica, ecológica o sostenible, compatible con la gestión existente y a
medio o largo plazo. En un somero estudio que publicamos en la prensa regional
en octubre de 1999, calculamos que una pesca racional en Asturias, basada en
una red de pequeñas reservas marinas, aplicando técnicas de producción y marcultura, y con planes de
mejora y recuperación de especies emblemáticas de gran valor comercial
(bogavante y otros mariscos, merluza y besugo, fundamentalmente), se podrían
duplicar los actuales puestos de trabajo de 2000 a casi 4000, con otros 6000
puestos de trabajo indirectos. Por contra, con la tendencia actual, esos 2000
puestos de trabajo seguirán disminuyendo, tal y como ya lo venía haciendo desde
los años sesenta (4.672 empleos en 1965 y 5.341 en 1969).
En las reservas pesqueras se dan (o se pueden dar) dos
prerrogativas vitales para una eficaz reconversión pesquera: a) una normativa
específica que permite redactar planes de gestión o planes de explotación pesquera;
y b) un órgano de gestión que permite la integración de las diversas
administraciones y sectores. Tal y como señala Chapela-Pérez (2002), resulta
imprescindible que una gestión integrada cuente con tales órganos de gestión de
orden supra-sectorial, capaces de aglutinar las diferentes ordenanzas
sectoriales y dotarlas de la correspondiente coordinación.
Figura 2. Red de espacios marinos protegidos de España (círculos
grandes) y Autoridades Portuarias con los faros que gestiona cada una de ellas (puntos
pequeños).
3.2.2. Principio de producción
Este principio, básicamente
científico-técnico, supondría la ejecución de cuatro pasos principales:
1) Conocimiento
exacto de la productividad de cada zona de pesca, lo cual supone un cambio
radical en la investigación pesquera desde la actual investigación general,
basada principalmente en el conjunto de la pesquería o “caladero nacional”, a
una investigación particularizada, basada en el “caladero local”. Inicialmente,
podría considerarse a cada espacio protegido como una única “unidad de
producción”, si bien lo propio es considerar como tal a los caladeros
tradicionales, que es donde confluyen los parámetros necesarios para favorecer la “producción” de tal o cual
especie comercial. Mientras que en Asturias, por ejemplo, existen alrededor de
120 caladeros costeros de este tipo –bien conocidos por los pescadores locales-
ninguno de ellos ha sido estudiado de forma exhaustiva y continuada. Es absurdo
pretender manejar adecuadamente tan solo uno de estos caladeros cuando no se
conoce ni su productividad natural ni su dinámica particular a lo largo del
tiempo. Este objetivo supone un firme apoyo a la investigación pesquera, con la
incorporación de nuevos investigadores en los centros públicos estatales y autonómicos,
y con la incorporación de técnicos privados en las diversas Cofradías u
organizaciones de productores.
2) Recuperación
de la producción natural e incremento de la misma por medio de los instrumentos
probados de producción pesquera (básicamente arrecifes o biotopos artificiales,
repoblación y acuicultura o marcultura).
3) Control
ecológico exhaustivo de cada caladero local. Este objetivo es perfectamente
alcanzable en el marco de la investigación integrada sugerida, pues, por
ejemplo, cada caladero podría llegar a ser considerado como una masa de agua
(en la terminología de la nueva Directiva Marco del Agua 2000/60/CE) existiendo
diferentes sectores (Pesca, turismo, Puertos, Costas, Demarcaciones
Hidrográficas, Autoridades ambientales, etc.) interesados en el conocimiento
del estado químico y ecológico de las mismas.
4) Desarrollo
telemático, contemplando el diseño, almacenamiento, proceso, GIS y distribución
de todos los datos pesqueros. Obvia decir que todo lo anterior resultaría
inútil sin un adecuado procesado de los datos, al igual que obvia decir que en
la adquisición de los mismos resulta crucial avanzar en el entendimiento entre
los investigadores y los pescadores. En vista de la experiencia acumulada, este
último solo parece viable en el marco de una gestión integrada y,
especialmente, como consecuencia del desarrollo del sentido de propiedad del
pescador, como veremos más adelante.
Como es sabido, la instalación de arrecifes artificiales ya
posee una dilatada experiencia en España desde sus inicios, hace ya casi dos
décadas, habiéndose duplicado el número de instalaciones entre 1996 (unas 60) y
2003 (113) (tabla IV). Esto ha permitido que el nivel de conocimiento y
satisfacción de los pescadores haya aumentado desde el 35% en 1999 al 55 % en
2002, según datos de la Secretaría General de Pesca Marítima. Así mismo, frente
a un 28% de pescadores que pensaban que no había relación entre los arrecifes y
el aumento de capturas, en 1999, esta proporción ascendió a casi un 50 % en
2002.
|
Tabla IV.
Número de arrecifes artificiales en
España (año
2003) |
||
|
|
Cataluña |
18 |
|
|
Baleares |
11 |
|
|
Valencia |
38 |
|
|
Murcia |
8 |
|
|
Andalucía |
25 |
|
|
Canarias |
4 |
|
|
Asturias |
9 |
|
|
TOTAL |
113 |
Aun así, los programas de
seguimiento de arrecifes siguen dejando mucho que desear y las inversiones en
los mismos siguen siendo insignificantes en comparación con los avances
registrados en otros sectores con intereses en el medio marino, tal como las
infraestructuras portuarias, por ejemplo. El principal papel de estas últimas
es, evidentemente, el portuario, comercial e industrial, pero presentan también
un importante interés pesquero por cuanto el “efecto arrecife” que producen sus
escolleras incrementa muy considerablemente la producción y las capturas. En un
reciente estudio, demostramos que el “efecto arrecife” del puerto de Gijón,
permite incrementos de 4,6 veces en peso y de 5 veces, en ingresos, con
respecto a la zona Este de la bahía (Armas et al., 2002). La futura
ampliación del puerto de Gijón va a suponer una inversión de cerca de 600
millones de euros, con la creación de unos cuatro nuevos kilómetros de
escolleras, cuyo volumen ascenderá a 1.800.000 m3 y que supondrá la utilización de 2.600.000 m3
de hormigón para la fabricación de los bloques (de hasta 200 toneladas).
Con toda seguridad, estas magnitudes duplicarán (y hasta triplicarán) la pesca
artesanal en la bahía de Gijón. Existen muchas otras iniciativas similares en
marcha, como la también futura ampliación del puerto de La Coruña, la cual está
presupuestada en unos 630 millones de euros.
Por contra, uno de los mayores
arrecifes artificiales recientes, como el situado entre Sitges y Sant Vicenç de
Calders, en Cataluña, con más de 1.200 módulos de hormigón, apenas supera los
1,2 millones de euros. Resulta pues, que las obras portuarias suponen enormes
incrementos de producción pesquera y marisquera, de forma complementaria (un importante “valor añadido” de estas
estructuras). Las inversiones portuarias citadas, frente a las inversiones en
arrecifes artificiales (hablando en pesetas, hasta 100.000 millones, frente a
100-200 millones) no son comparables, por supuesto, pero demuestran que será
necesario un esfuerzo inversor mucho mayor del realizado hasta ahora si
queremos que los arrecifes instalados en alta mar cumplan eficazmente con su
función productiva.
Merece la pena destacar los
avances notables que se pueden lograr mediante la colaboración sinérgica entre
diferentes sectores, solo posible en el marco de la gestión integrada, como
pueden ser la pesca sostenible y la ingeniería portuaria o costera. Por
ejemplo, la tecnología de estructuras flotantes para contención de olas
(“efecto arrecife” de superficie) es muy antigua (Thierry, 1986), así como la
construcción de arrecifes de contención de arenas (sandtainers) en
playas naturales o artificiales.
Aun cuando existan regiones,
personas u organismos que todavía no han divisado el interés de estas
estructuras, sin duda ha llegado el momento de dar un segundo salto cualitativo
y cuantitativo en la evolución de esta importante herramienta productiva, así
como de abordar programas intra e inter-regionales de recuperación de especies,
que incluyan la instalación de macro-arrecifes y biotopos selectivos
(imprescindiblemente combinados con el resto de actuaciones descritas).
Por lo que respecta a la
repoblación marina de peces y mariscos, otra técnica productiva de cuya
eficacia ya nadie duda, cabe decir que, a pesar de que la Ley 3/2001 de 26 de marzo de Pesca Marítima
facilita la declaración de zonas de repoblación, esta actividad es la menos
utilizada de cuantos métodos de producción posee el pescador para la mejora y
mantenimiento de sus caladeros. Dicha ley en su artículo 13 señala: "El Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, mediante Orden ministerial, podrá declarar zonas de protección
pesquera para favorecer la protección y regeneración de los recursos marinos
vivos. Dichas zonas, de acuerdo con la finalidad específica derivada de sus
especiales características, podrán ser calificadas como: a) reservas marinas;
b) zonas de acondicionamiento marino; c) zonas de repoblación marina".
Y en el artículo 16 se insiste: "Con
el fin de favorecer la regeneración de especies de interés pesquero, podrán
declararse zonas destinadas a la liberación controlada de especies en cualquier
fase de su ciclo vital. En estas zonas se establecerán normas especiales para
el ejercicio de la pesca, así como de todas aquellas actividades que puedan
afectar a la efectividad de esta medida".
A pesar de ello, el desarrollo de estas actividad en España ha sido
muy bajo, por no decir insignificante. En todas las regiones costeras ha habido
alguna actuación de repoblación en mayor o menor medida, pero sin orden de
continuidad ni programas establecidos a largo plazo. En Galicia se ha
demostrado la viabilidad de la repoblación con rodaballo (Iglesias et al.,
1994). En Asturias se han efectuado sueltas de bogavante (Carrasco et al.,
1996). En Andalucía y costa suroeste se efectúan sueltas de dorada desde
1993 (Sánchez de Lamadrid et al.,
1995), habiéndose marcado y liberado en mar cerca de 23.000 ejemplares, entre
dicho año y 1996, y habiéndose obtenido desplazamientos de solo tres kilómetros
e incrementos de hasta un kilogramo de peso en 16 meses. La supervivencia fue
mucho mejor con los peces a los que previamente se les había desarrollado los
instintos de alimentación de presas vivas y de defensa frente a depredadores.
Pero, es evidente que ni a nivel nacional ni regional se apuesta por
ésta técnica, debido probablemente a que, realizada de forma aislada puede ser
poco eficaz, debiendo ir acompañada de, e integrada en, muchas otras acciones
complementarias (acuicultura, biotopos, técnicas de marcado, ecología y
productividad del caladero local, registro de datos, planes estratégicos,
etc.).
No sabemos si achacar este escaso desarrollo a una desidia generalizada por los recursos marinos, a falta de
ideas, o a la desilusión de un sector agónico que ya no confía en su
recuperación. Pero, lo cierto es que existen países donde esta técnica está muy
desarrollada, como en Japón, donde más del 70 % de las capturas de salmón, por
ejemplo, proviene de ejemplares criados en plantas de cultivo y arrojados al
mar. Este tipo de pastoreo marino se realizó posteriormente con otras
especies y en 1990 las técnicas de repoblación abarcaban unas 90 especies de
peces y mariscos. Entre estas se pueden citar al langostino, el cangrejo azul,
diversos moluscos, la dorada, el besugo o los peces planos, con un total de más
de 10 millones de alevines o juveniles soltados. Según Matsuda (1991), debido a
estas repoblaciones, las capturas de Capelán ha ascendido de 100 Tm a 1000 Tm y
las de pulpo de 510 Tm a 1787 Tm, en los últimos años. Los programas japoneses
incluyen la introducción de arrecifes y el acondicionamiento de las áreas de
suelta (como puede ser, por ejemplo, eliminando depredadores en el caso de la
vieira, lo que ha dado notables resultados) (Stottrup, 1996).
En Noruega se repuebla desde hace unas tres décadas con alevines de
bacalao de un año de edad. Este país, primero del mundo en establecer un
Ministerio de Pesca autónomo, en 1946, y con cierto empeño en la conservación
de sus recursos marinos, ha anunciado recientemente que se ha conseguido cerrar
el ciclo biológico del bacalao, incorporando otra importante especie comercial
a las técnicas de acuicultura y de repoblación (Alonso, 2004). En Estados
Unidos, se repuebla, también desde hace décadas, con varias especies de peces
marinos (peces planos, lubinas, mugiles, etc.).
En 1989 se alcanzó la cifra record de 100 millones de toneladas de
pescados en todo el mundo, procedentes de la pesca y la acuicultura,
estabilizándose desde entonces, con ligeras oscilaciones. Desde 1988 hasta 1996
los productos procedentes de la acuicultura se habían duplicado, lo que
demuestra que la balanza se va inclinando a favor de esta última, mientras que
la pesca prosigue su declive.
Sería amplísima la descripción de los avances alcanzados en marcultura
(acuicultura en alta mar) y tecnología de producción acuícola. Tan solo decir
que la tecnología de jaulas flotantes en mar abierta, por tomar un ejemplo
cercano, ha dado lugar a que existan en la actualidad unas 80 instalaciones
dedicadas al cultivo de dorada en España (Andalucía, Valencia, Murcia y
Canarias); a que la producción haya crecido de forma continua, habiendo pasado
de las 8.240 toneladas en el año 2000 a las 12.440 toneladas en 2003; a que, de
los 84 millones de alevines de peces marinos producidos en 2003, 64 millones
correspondan a esta especie; y a que España sea el primer mercado de Europa en
consumo de dorada, con un 25% del total.
La acuicultura sigue, por supuesto, figurando entre los objetivos
prioritarios de la Unión Europea y así, por ejemplo, el 24 de septiembre de
2002, Franz Fischler, Comisario de la
Comisión Europea de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, proponía en el
Parlamento Europeo fomentar la acuicultura con el fin, entre otros, de crear
fuentes de empleo en las zonas costeras para absorber la mano de obra
procedente de las pesquerías. El objetivo planteaba la generación de 8.000 a
10.000 empleos directos entre 2003 y 2008
En 1996 ya propusimos una de las
posibles fórmulas para que objetivos como este fuesen una realidad y para que
la acuicultura marina intensiva pudiese entrar también en una segunda etapa de
desarrollo: la creación de parques o polígonos de acuicultura en zonas costeras
degradadas, al estilo de los tradicionales polígonos industriales (Doménech,
1996b).
Pero, citando de nuevo a Chapela Pérez "la reserva de espacios para los cultivos marinos sólo será
efectiva si se enmarca en una actuación global de planificación integral del
litoral". Como hemos dicho, la demanda de una adecuada gestión litoral
integrada ya se escuchan en todos los foros y así, por ejemplo, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en
Brasil, en 1992, en el Capítulo 17 de la Agenda 21, insta a sus signatarios a
una "ordenación integrada y al desarrollo sostenible de la zona
costera", al igual que el Código de Conducta de la FAO para una Pesca
Responsable, de 1995, vincula la
acuicultura al desarrollo integral del litoral.
La Unión Europea ha elaborado un Programa de Demostración sobre la
ordenación integrada de zonas costeras, la cual pretende orientar a las
políticas de los estados miembros, destacando "la escasa disponibilidad de zonas para la acuicultura por la
atribución de espacio para otros usos...". La UE ha elaborado el
Reglamento CEE 2792/1999, de 17 de diciembre, de ayudas al sector de la pesca y
la acuicultura, cuyo artículo 15.3 h da prioridad a la subvención de aquellos
proyectos que se dediquen a la "recogida
de datos básicos y elaboración de modelos de gestión medioambiental relativos
al sector de la pesca y de la acuicultura con el fin de preparar planes de
gestión integrada de las zonas costeras". Entre las medidas propuestas
por la UE se encuentra la de la adopción de una ordenación global, a largo
plazo y de amplio consenso, en la que colaboren todas las administraciones
competentes y los sectores privados con intereses en el litoral.
Un posible mecanismo para la creación de zonas dedicadas a la
acuicultura sería el traspaso a las Comunidades Autónomas: "La planificación de las zonas marítimas
debería tender a situaciones similares a la de la adscripción prevista en la
Ley de Costas (artículo 49) respecto de los puertos y vías de transporte, pues
por medio de esta se permite a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) gestionar
determinados espacios de dominio público marítimo-terrestre y son ellas las
únicas que otorgan concesiones en dichos espacios sin que intervenga la
Administracón del Estado".
Sin embargo, el artículo 26 de la Ley
23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos, ya prevé la declaración de "zonas de interés
para cultivos marinos" por las Comunidades Autónomas, sin que hasta ahora
éstas hayan hecho mucho uso de esa importante facultad para regular esta
actividad. "La Adminsitración de
Costas informaría sobre la ocupación íntegra de dichas zonas y efectuaría la
valoración de las mismas a efectos del pago de canon de ocupación que sería
idéntico para todas las ocupaciones con establecimientos de acuicultura que
allí tengan lugar. De este modo serían las CC.AA. las que gestionasen dichas
zonas y quienes otorgasen las concesiones o autorizaciones para la
acuicultura".
En este contexto, hay que citar la Sentencia del Tribunal
Constitucional 9/2001, de 18 de enero, que resuelve el recurso de
inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 6/1993, de 11 de mayo,
de Pesca de Galicia, la cual simplifica en un sólo permiso lo que antes eran
años de tramitación para obtener las dos concesiones -la de ocupación, por
parte del Estado, y la de actividad, por parte de la Comunidad Autónoma-. Según
esta sentencia, es suficiente con la concesión de actividad de la
Administración Autonómica, la cual tiene competencias en acuicultura, y el
informe preceptivo y vinculante de la Administración de Costas.
Este problema, aun persiste en el dominio público portuario, a raíz de
la modificación de la Ley de Puertos del Estado a través de la Ley 14/2000, de
29 de diciembre de medidas físcales, administrativas y de orden social, la cual
incluye una disposición adicional en la que se exige una concesión o
autorización de ocupación a todas las instalaciones flotantes de acuicultura en
el dominio público portuario.
Refiriéndonos a Asturias, por ejemplo, el artículo 12 de la Ley
2/1993, de 29 de octubre, de Pesca Marítima de Asturias prevé la creación de
estos espacios privilegiados en el mar para la acuicultura marina, incorporando
algunas de las características que deben poseer: "El Consejo de Gobierno podrá, en aguas interiores del
Principado de Asturias, declarar zonas de interés para cultivos marinos,
estableciendo aquellas que, por sus óptimas condiciones, merezcan protección
especial, no autorizándose ni en unas ni en otras, ni en sus márgenes, la
instalación de industrias o explotaciones que puedan afectar a su estado
físico, químico, biológico o dinámico".
Sería pues deseable la incorporación de esta prometedora actividad a
la gestión integrada del litoral. Los "parques de acuicultura" o
"parques marinos" en tierra firme consisten en un amplio espacio
parcelado con el fin de albergar empresas dedicadas a la producción marina y
que pueden combinar ésta con el ocio y el medio ambiente (estanques, áreas
recreativas, senderos, pesca deportiva, juegos acuáticos, etc.), constituyendo
una excelente opción para una gestión integral.
Los beneficios que se pueden esperar de un parque marino de este tipo
serían los siguientes:
Ø Eliminación de los cuatro tipos de conflictos
de uso motivados por el pujante crecimiento de la acuicultura: a) conflictos
entre usuarios profesionales y usuarios recreativos; b) conflictos entre
profesionales de diferentes actividades; c) conflictos entre poblaciones
ribereñas, turismo, hostelería litoral, etc.; y d) conflictos entre ecologistas
y usuarios del espacio (Laxe, 2004).
Ø Potenciación de la acuicultura por incorporación
a la gestión litoral integrada. Aprovechamiento de sinergias (acuicultura,
pesca, ocio y turismo, medioambiente y espacios naturales, deportes náuticos,
etc.).
Ø Creación de empleo como alternativa al
decaimiento de la pesca.
Ø Facilidad en la tramitación administrativa
(tramitación prácticamente cubierta; atracción rápida de empresas de
acuicultura, cetáreas y otras relacionadas).
Ø Alta competitividad de las empresas asentadas
(menos inversión, servicios comunes, planificación productiva o comercial
conjunta, etc.).
Ø Mejora del medio ambiente costero. Como ya
hemos dicho, la concentración de empresas de producción acuícola en una misma
zona, libera a la costa de una excesiva presión constructiva.
Ø Incluye la atracción de la empresa
transformadora (conservas, etc.) y auxiliar (fabricación de piensos, bienes de
equipo, etc.), permitiendo que las comunidades locales se beneficien del valor
añadido y de la creación de empleo.
3.2.3. Principio de propiedad
Se ha analizado, finalmente, este controvertido apartado -tercera
clave de la reconversión pesquera propuesta-, desde tres aspectos: la concesión
de espacios marinos a los pescadores, la recogida de datos y la autogestión.
En desarrollo sostenible, se ha impuesto el famoso eslogan de “quien
contamina, paga”, lo cual, aplicado a los recursos naturales de cualquier tipo,
quiere decir “quien extrae, paga” y, por contrapartida, “quien produce, cobra”.
Si el pago más el cobro es igual a cero, la actividad será sostenible.
Resulta obvio para cualquier economista o ecólogo que la pesca de libre
acceso ya no es viable. Dicho sistema era eficaz cuando la población
mundial era muy inferior a la actual, pero con los actuales niveles
demográficos ya hay que acudir al resto de regímenes de propiedad de los
recursos pesqueros: propiedad estatal, propiedad comunal y propiedad
privada. Aunque el acceso libre se refiere fundamentalmente a zonas y
recursos en la que apenas existe regulación, consideramos la propiedad estatal
prácticamente como si fuera de libre acceso pues, en términos generales, las
diferentes modalidades de regulación aun permiten el “todo para todos” y el
sentido de propiedad es aun muy débil.
La propiedad comunal tampoco desarrolla el sentido de propiedad en toda
su extensión, por lo que el único sistema que se debería considerar viable en
pesca es el sistema de propiedad privada. Jesús M. Salamanca define el régimen
de propiedad privada como aquel en el que los pescadores tienen derecho a
realizar un uso socialmente aceptable del recurso pesquero y tienen el deber de
abstenerse de sobreexplotarlo (Salamanca, 2000).
Un primer paso en la tendencia a la propiedad y conservación de los
recursos, lo constituye el sistema de gestión pesquera basado en TACs y cuotas.
La Política Pesquera Común se ha venido basando tradicionalmente en el
establecimiento de totales admisibles de capturas (TAC) y el reparto de esos
totales entre las diferentes flotas que faenan en las distintas pesquerías.
Dichas cuotas pretenden controlar la
producción total de las pesquerías evitando que se sobrepasen los niveles de
máximo nivel sostenible. Las cuotas pueden ser transferibles o no
transferibles, individuales o grupales, anuales o plurianuales. A nivel
comunitario, las cuotas se reparten por países y estos, a su vez, las reparten
entre las diferentes flotas anualmente.
Cuando las cuotas son anuales, los derechos de propiedad están muy
limitados en el tiempo y el incentivo por la conservación del recurso disminuye
considerablemente. Además, potencian el grave problema de los descartes, impide
una correcta planificación, puede impulsar el aumento de la capacidad de las
flotas y, en definitiva, no han logrado la conservación de las poblaciones
pesqueras. Resulta también obvio para todo aquel que esté relacionado con la
pesca que el sistema de TAC y cuotas ha resultado ineficaz... pero, ha sido un
primer paso imprescindible para poder avanzar.
Por eso, se está imponiendo el sistema de cuotas individuales
transferibles (sistemas CIT, o ITQ, en inglés) en los que el derecho de
propiedad es ilimitado en el tiempo y, además, vendible, lo que produce un
valor inesperado y un claro incentivo por la conservación y la gestión
sostenible del recurso.
La mayor eficacia de este sistema, en el tortuoso camino hacia la autogestión, ha quedado manifestada en
multitud de informes (Salamanca, 2000; Gallastegui, 2000), pero también se han
manifestado muchas opiniones en contra: la eficacia no es completa, los
descartes no se han eliminado, el coste de la gestión pública aumenta, no es de
fácil aplicación a las pesquerías de vida corta o estacionales, facilita la
concentración de los derechos de propiedad en las empresas más fuertes (con
todos los males sociales derivados), facilita que estos últimos puedan llegar a
manejar los precios a su antojo, se observa una preponderancia de las
decisiones económicas sobre las biológicas, y, en definitiva, no garantiza la
eficacia y la sostenibilidad.
A pesar de todo, algunos
especialistas se decantan por citar a Noruega, como referencia europea en
gestión pesquera, debido a los logros
(a veces cuestionados) alcanzados con su sistema CIT. Implantado en 1996,
permite que las cuotas (pueden ser para más de una especie) de una embarcación
desguazada pasen a otras embarcaciones del mismo propietario. Con ello se
consigue reducir la presión sobre los caladeros al tiempo que se aumenta la
rentabilidad de los restantes barcos. Cuando se agotan las cuotas se interrumpe
la actividad. Diversas regulaciones técnicas impiden los descartes y sobrepasar
los tamaños mínimos, existiendo también una prioridad máxima para las tareas de
vigilancia y control, tanto en mar como en lonjas. Otras referencias dignas de
análisis son el sistema neozelandés, con años de rodaje; el islandés, donde la pesca constituye el 40 %
del mercado exterior; o el sistema de “grupos de pescadores” adoptado en
Holanda, que pasa por ser uno de los sistemas más prometedores.
La reforma de la Política Pesquera Común ha abierto la puerta tanto a
la descentralización (regionalización, gestión compartida, etc.), como a que
los países miembros puedan experimentar con los sistemas CIT y a que, como en
la ganadería, sobrevivan únicamente las empresas más eficaces. El problema es
que, actualmente, las empresas consideradas más eficaces, lo suelen ser en
extracción, no en producción, ni en sostenibilidad, ni en empleo, aspecto este
que deberán tener en cuenta los administradores.
Aun con todos los problemas existentes - y las dudas de muchos- se divisa claramente el camino a
seguir: llegar a la propiedad
totalmente privada de los recursos, con acceso mediante autorización o
concesión administrativa. Todo lo demás son medias tintas que acabarán
desembocando, tarde o temprano, en esta medida. El problema tan solo radica en
cómo y cuando aplicar la misma.
La legislación española permite cualquier actuación al respecto, pues
tanto la transferibilidad de los derechos de pesca, como la contingentación,
han configurado el Ordenamiento Marítimo Pesquero español durante más de dos décadas.
La Orden del Ministerio de Agricultura y Pesca de 12 de junio de 1981 permitía
la transferibilidad individual de los derechos de pesca (accesos históricos
limitados a un censo cerrado), mientras que el Real Decreto 681/1980 y la Orden
de 15 de octubre de 1981 establecen los criterios generales de contingentación
de caladeros o zonas de pesca en los que el acceso se limita a un número de
buques determinado, normalmente los habituales de esa pesquería. Las sucesivas
leyes han incidido en estas medidas, pues Víctor Manteca (2003), experto en
Derecho Marítimo-pesquero, opina que “la contingentación realizada mediante
censos únicamente es efectiva si el censo está cerrado y su creación responde
al interés de limitar el esfuerzo pesquero y no cuando cumpla una mera función
de información o control sobre situación y reparto de la flota.... en la medida
en que el único acceso de un nuevo empresario al caladero es por medio de la
adquisición de los derechos de otro, el derecho de pesca adquiere un valor de mercado....
hay que admitir que la elaboración y actualización de los censos tiene
naturaleza de autorización aunque no se denomine así”.
De todos es conocida la gestión, mediante concesiones, de ciertos
espacios de dominio público en rías, estuarios y, ahora, en zonas de mar
abierto, para la explotación privada de moluscos, algas o peces. La aplicación
del sistema a gran escala ya ha sido ensayado con éxito en otras partes del
mundo, como en el estado de Maine, donde los pescadores de langostas han desarrollado
su propio sistema de acceso limitado sin participación del Gobierno, con una
autogestión total, en la que cada pescador posee su propio territorio de pesca.
En Japón los pescadores controlan sus propias aguas desde la época feudal y se
esfuerzan en la conservación de los recursos y en las técnicas de producción
(Doménech, 1996c).
De la lógica tendencia de los pescadores a controlar sus áreas de
pesca dan cuenta las actuales pretensiones de “regionalización” de muchas
regiones que han logrado conservar parte de sus recursos, y solicitan la
expulsión de las embarcaciones foráneas. El “todo para todos” ya no sirve en el
mar, pues, incluso en estas regiones –como Asturias- donde el grueso de la
flota aun es artesanal, existen múltiples disputas, conflictos y hasta “guerras
pesqueras” entre diferentes artes y zonas.
Se aprecia la necesidad de atomizar al máximo la contingentación y la
“regionalización”, hasta llegar a la “localización”, en la que un grupo de
pescadores explota un único caladero local. Los pescadores “al pincho” de
Cudillero, en Asturias, han reivindicado, docenas de veces, su derecho a faenar
en caladeros tradicionales de merluza (como El Callejón o La
Carretera, frente al Cabo Peñas), erradicando otros artes menos selectivos.
Estamos absolutamente convencidos de que, con la adecuada colaboración técnica
y administrativa, la autogestión sostenible y empresarial de estos pescadores
sería una realidad a medio o, incluso,
a corto plazo.
La asignación de espacios productivos a un grupo de pescadores con
funcionamiento empresarial, será, sin ninguna duda, el punto final de la
evolución pesquera. La inversión se desplaza del buque (que pasa a ser una
herramienta productiva más) al recurso (técnicos propios, adquisición de datos,
técnicas de producción, biotopos artificiales, long-lines, arrecifes de
atracción, monitorización, control ecológico, etc.) y adquiere un valor de
mercado muy importante que se puede comprar y vender, siempre que se cumplan
todas las especificaciones previstas en la planificación al efecto. La
demostración palpable del aumento de los puestos de trabajo frente a la
explotación actual insostenible (y el consiguiente efecto multiplicador), bien
merecería la puesta en marcha de la primera experiencia piloto de este tipo en
España, la cual sería perfectamente aplicable en cualquier reserva marina,
donde, por otro lado, los pescadores están más familiarizados con las técnicas
sostenibles.
Es obvio que una especie
comercial puede reproducirse en una zona, crecer en otra y cosecharse en
otra. Por eso, tal y como señala el
especialista Callum M. Roberts, la eficiencia de una planificación pesquera
integrada, solo puede ser contemplada en el marco de la conectividad entre
unidades productivas, sean estas arrecifes aislados, caladeros locales o
reservas pesqueras (Bellwood, 1998). Dentro de una reserva marina o cualquier
espacio marino podría haber diferentes sub-unidades productivas gestionadas
independientemente, pero, siempre y cuando se traten todas ellas dentro de la
planificación establecida para el conjunto de la reserva o de la unidad
productiva de orden superior. Del mismo modo, varias reservas pesqueras de una
misma región podrían tener modelos de gestión particularizados (adaptados a las
características de esa zona), pero deberían ser gestionadas dentro del marco de
la planificación regional, del mismo modo que varias regiones vecinas se
enmarcarían en una planificación de escala nacional o europea. Por tanto, en
ningún caso se debe asimilar regionalización con planificación aislada o
independiente del conjunto de la pesquería, sino todo lo contrario.
Es importante recalcar que a pesar de las reticencias sectoriales o
particulares que pueda haber (multitud en el sistema pesquero, debido al nivel
de complicación alcanzado), el sistema de asignación de concesiones permite su
aplicación inmediata en espacios protegidos. En consecuencia, la disminución de
las zonas de pesca libres (o “no contigentadas” mediante este sistema), solo
llegaría a ser perceptible cuando la rentabilidad y el empleo de las áreas de
pesca sostenible fuese evidente y, por tanto, deseable y exportable.
En segundo lugar, el pescador pasa a ser el principal interesado en la
recogida y tratamiento de datos pesqueros. Esta labor, hasta ahora ardua para
el científico, resulta de vital importancia para el pescador por cuanto el
conocimiento ecológico de su espacio de pesca se convierte en su principal
fuente de ingresos. Resulta penoso observar como se desperdician miles de
datos, vitales para la planificación, que, de haberse registrado con
anterioridad, permitirían conocer, de forma exhaustiva, el funcionamiento de
cada caladero local. Por contra, aun estamos intentando conocer el
funcionamiento de la pesquería global en su conjunto: por increíble que parezca
a estas alturas, algunos organismos internacionales, como el Consejo General de
Pesca del Mediterráneo (CGPM) o la Comisión Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (ICCAT), reconocen la carencia o falta de fiabilidad de los
datos de capturas, así como la enorme dificultad para evaluar los actuales
stocks comerciales (Anónimo, 1993).
Nos estamos refiriendo a los simples datos de pesca que cada pescador
obtiene en su faena diaria: la zona de captura exacta, el arte empleado, el
tiempo empleado en la captura, la profundidad, las especies asociadas o la
clasificación y contabilización de la pesca por especies y tallas. Datos
(equivalentes al muestreo en continuo) que adquieren un valor incalculable que
el pescador solo será capaz de valorar cuando sea el propietario de los mismos.
Esta labor requiere, por supuesto, una dedicación añadida, pero es un
trastorno insignificante comparado con los beneficios obtenidos: en tiempo
(mejor planificación de la “siembra”, “crecimiento” y “cosecha”), en comodidad
(compaginación del trabajo en mar con el trabajo en tierra), en seguridad y
condiciones de trabajo (la climatología pasa a segundo plano, por ejemplo), o
en ingresos (las predicciones y la rentabilidad mejoran notablemente).
Una gestión de los datos
así establecida, basada en la cooperación pescador-investigador, permitiría
mejorar año a año el conocimiento de cada caladero, descargar a los científicos
estatales y autonómicos de labores rutinarias, y establecer modelos predictivos
muy fiables en muy pocos años (Irazola et al., 1996). Abriría el paso a
dos aspectos cruciales para la evolución del sector pesquero, como son
estrechar la brecha entre industria pesquera y científicos a la hora de
establecer consensos sobre el estado de las poblaciones, lo que resulta vital
para fijar objetivos de gestión (Deas, 2004); y abordar la biología pesquera
desde la óptica privada, de modo que la micro-evaluación de caladeros locales,
amplíe la actual macro-evaluación de grandes pesquerías. No hay que desdeñar la
labor complementaria que los organismos no pesqueros -como las autoridades
marítimas o portuarias- podrían aportar en el marco de una investigación marina
integrada (sinergias I+D).
La ingente cantidad de datos que cada buque pesquero puede facilitar a
diario, son valiosos para la confección de bases de datos, sistemas de
información geográfica o GIS y otras herramientas vitales para la viabilidad de
la gestión integrada (Aguilar-Manjarrez et al., 1995).
Todo lo dicho obliga al
pescador, finalmente, a disponer de un amplio conocimiento del sistema en el
que, inevitablemente, va a estar inmerso. El principal objetivo de la propiedad
de los recursos pesqueros es la autoregulación o autogestión de los mismos, del
mismo modo que los gestores de cualquier empresa en tierra toma sus propias
decisiones en el marco de determinadas planificaciones sectoriales o generales.
El sistema CIT holandés
comenzó a funcionar en 1975, habiendo evolucionado hasta la actualidad en que
ya se contempla la transferibilidad de los “días de salida al mar” (no siempre
compatible con un sistema de cuotas), divisándose la autorregulación del
sector. En 1993 comenzó una gestión compartida entre los pescadores y el
Gobierno, creándose los “grupos de pescadores” capaces de responsabilizarse en
la gestión de las cuotas asignadas. Dichos grupos son personas jurídicas
independientes o empresas, propiamente dichas, y todos los miembros de un grupo
deben ser miembros de la misma organización de productores. Se “invita” a los
pescadores a participar de esos grupos (es decir, a participar del “deber” de
conservar los recursos) por medio de la asignación de “derechos” o beneficios
adicionales, como más días de mar, acceso a cuotas, etc. La competencia de
estos grupos llega hasta la potestad de imponer sanciones, elaborar planes de
pesca u organizar el mercado de cuotas (Alonso, 2003). Es obvio que el camino
hacia la autorregulación integral, en este país, está muy bien establecido.
Cualquier caladero local,
debidamente tratado y gestionado, es una fábrica de pescado, una empresa que
puede y debe ser tratada como tal por la asociación, cooperativa u organización
de productores encargada de su gestión. Entre las normas de planificación general se encontraría,
evidentemente, la retirada de los derechos de explotación, en el caso de una
negligente o fraudulenta gestión.
La autogestión o el gradual fortalecimiento de la capacidad gestora,
dentro de un sistema integrado, ofrece innumerables oportunidades de negocio y
de empleo al nuevo pescador, tales como la participación en la producción
(criaderos, polígonos de acuicultura, labores de repoblación o marcado, etc),
la participación en el desarrollo turístico del espacio protegido (pesca
turística, transporte a escafandristas, instalaciones didácticas o de ocio,
etc.), o la participación en el mantenimiento de infraestructuras (biotopos,
arrecifes, long-lines, fondeaderos, etc.).
4. DISCUSIÓN
Aunque los sistemas de gestión pesquera basados en cuotas individuales
transferibles sean los únicos que permiten mantener cierta esperanza en la
recuperación pesquera, ni son la panacea ni son la solución definitiva. No
olvidemos que estos modelos ya funcionan desde hace décadas y, ni se han
impuesto, ni han conseguido despejar todas las dudas.
Pero sí podemos decir que se encuentran en el camino evolutivo hacia
la sostenibilidad de las pesquerías. Es lamentable, sin embargo, mantener tan
lenta evolución cuando podemos divisar la meta final que no es otra que la
autogestión total integrada (integración de actividades e integración de
diferentes espacios productivos).
Aunque dejar clara esa meta ha sido el principal objetivo del presente
informe, no podemos renunciar, por lejano que sea, al segundo de los objetivos
propuestos: establecer los pasos que habría que dar si algún día decidimos
tomar un atajo. Estos serían los siguientes:
1) Implantación de un sistema de gestión litoral integrada en
cualquiera de los espacios marinos protegidos ya existentes o de nueva creación.
Se propone el modelo SIGLIS-V, de “segunda generación”, que integra las
actuaciones “en mar” (incluida la pesca) con la habitual gestión litoral “en
tierra”.
2) Desarrollo, en dicho espacio, de una experiencia piloto de gestión
pesquera sostenible integral, basada en el modelo “de las 3 pes”, el cual ponga
en marcha los tres principios expuestos, de protección, de producción y de
propiedad. La misma petición ha hecho el ex-presidente de la Comisión de Pesca
del Parlamento Europeo, a propósito de la implantación de los sistemas CIT (o
ITQ) en la actual política pesquera europea: “¿Qué hay de malo en
experimentar algo que ha dado resultado en otros Estados y que podría mejorar
la actual Política Común Pesquera?” (Alonso, 2003). No debemos perder de
vista que la autoregulación ya suena en los círculos parlamentarios europeos y
que, tanto la “gestión espacial de los recursos” en reservas marinas, como la
integración de la PPC en la gestión integrada de zonas costeras (GIZC), han
sido reclamadas en diversos foros científicos, como en la VI Reunión del Foro
Científico para la Pesca Española en el Mediterráneo, celebrada en Palamós, del
13 al 15 de junio de 2001.
Esta fase incluiría, igualmente, al menos un polígono de
acuicultura con la finalidad de apoyar las técnicas de producción en mar,
de potenciar la acuicultura, de absorber empleo procedente del sector pesquero
y de hacer las veces de modelo de demostración.
3) Planificación inicial basada en la contingentación de la reserva
marina o espacio protegido con fuerte apoyo institucional y de investigación,
como paso previo a mayores medidas de propiedad.
4) Adaptación del modelo y extensión, en su caso, al resto de espacios
marinos protegidos o tramos costeros. Potenciación de las reservas marinas y
pesqueras. Complementación de la macro-gestión pesquera (PPC, política pesquera
nacional), con la micro-gestión de caladeros locales.
5) Adaptación del modelo y extensión, en su caso, al conjunto del
litoral.
La Unión Europea parece apostar definitivamente por la pesca artesanal
(no le queda más remedio) y el medio ambiente marino, en detrimento de una
pesca industrial cada vez más agonizante. Por eso, la nueva pesca del siglo
XXI, demanda un lavado de cara, por un lado, es decir, una reestructuración de
organismos, programas y estructuras caducas, así como una experiencia seria,
decidida y avanzada, por otro, que deberá basarse en la integración de todas
las actividades propias del litoral. Una experiencia, totalmente práctica y de
envergadura (enmarcable en algún programa europeo tipo LIFE, EQUAL, etc.), que
ponga de manifiesto las fortalezas y debilidades de la pesca sostenible y de
los límites del principio de propiedad. Tan solo conocemos una experiencia que
se haya acercado, aunque sea superficialmente, a la propuesta: el “Plan
Castellón”, que, en los años 60, demostró que los recursos responden a una
gestión sostenible y que las iniciativas de este tipo solo pueden tener éxito
si se cuenta con la participación del pescador (Irazola et al.,
1996).
Hay que insistir en que dicha reconversión pesquera, aunque radical en
su esencia, resultaría imperceptible en su aplicación, pues todas las reservas
marinas, caladeros experimentales o áreas de pesca sostenible permiten
planes de explotación particularizados, de forma totalmente compatible con las
políticas pesqueras nacionales o comunitaria (Roberts et al., 2000).
Aunque sería deseable una ley específica para la gestión integrada del litoral
que incluya la gestión pesquera, el sistema propuesto es más una cuestión de
valentía y decisión que de cualquier otra cosa, pues podría ser aplicable sin
cambiar ni una coma de la actual legislación vigente.
Sea como sea, la suerte ya está echada, pues como dijo W.D.
Russell-Hunter, nada menos que en 1973: “Las dificultades implícitas en el
establecimiento de los derechos de propiedad sobre una reserva pesquera, o en
el arrendamiento de una parte del fondo del mar, se resolverá mediante la
evolución de las leyes”.
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